Periodismo. A3 y T5 se disparan en bolsa tras el acuerdo con el Gobierno

Antena 3 y Telecinco aceptan retirar el recurso contra la concesión del canal en abierto a Sogecable a cambio de la reducción de publicidad en TVE. Este es un cambio de última hora en los presupuestos, cambio no consensuado con la dirección de RTVE (que, por otra parte, está diseñando un plan de viabilidad económica de este conglomerado público).

Siempre me ha parecido un escándalo las noticias que anuncian que alguien ha retirado un recurso anticonstitucional o de otro tipo tras llegar a un acuerdo con el creador de la ley o sentencia recurrida. ¡Qué forma de tomarnos el pelo! O es legal, o no lo es.

Muchos dicen: ¿qué más te da? No te afecta de forma alguna. Dejando de lado el aspecto cívico de esa cuestión, demasiado evidente para mis lectores, me centro en una peculiaridad de este hecho: nos va a costar a los contribuyentes muchísimo dinero. Si la decisión de reducir el número de minutos de publicidad de la televisión pública estuviera dentro del plan de reestructuración de la empresa que nos cuesta tanto dinero, lo entendería. Si estuviera dentro de un nuevo modelo de televisión pública con servicio ciudadano, podría discutirlo. Pero no es el caso: la misma directora general de RTVE ha puesto el grito en el cielo por el trapicheo. Porque esto no es más que un acuerdo inmundo, un chanchullo en el que las cadenas de televisión llegan a un acuerdo de no agresión entre ellas y con el gobierno, un acuerdo que pagamos todos los ciudadanos. Porque el déficit de RTVE lo asume, antes o después, el Estado.

Muchos defendemos algunas virtudes de la representación no exclusivamente partidaria de los intereses ciudadanos. Suponemos que en un sistema pluralista no exclusivo de los partidos, es difícil tomar las decisiones de forma arbitraria o en contra de los intereses de los ciudadanos. Una potente sociedad civil supone que la implicación en la toma de decisiones de grupos no políticos puede ejercer de buen contrapeso a las instituciones estatales, políticas o de otro tipo que estén directamente implicadas en el tema. Y esto se aplica también a los litigios entre las empresas y el Estado. ¿Quién defiende los intereses de los ciudadanos en este caso? ¿Quién es competente para recurrir la concesión a Prisa y/o el cambio de última hora en los Presupuestos Generales del Estado? ¿Por qué no podemos fiarnos de ningún partido político? ? ¿Quién se atreve a ponerse en contra de los grandes grupos de comunicación españoles?

La conclusión a la que llego es que este país sigue estando gobernado por una oligarquía todopoderosa que engulle cualquier posibilidad de regeneración. Y el modelo de inclusión es sencillo: te hago partícipe de la tarta ciudadana ya sea con beneficios, prebendas o influencias. El precio de la entrada en esta exclusiva discoteca es sencillo: la sumisión completa cuando se aplica el rodillo decisorio. No se puede romper la baraja. Y no basta con declararse de izquierdas para demostrar que no se está en el sindicato de intereses. Últimamente, de hecho, suele ser una prueba de lo contrario.