Soy uno de los pesados que siempre saca el tema de la Sociedad Civil. Ayer se manifestaron unos investigadores andaluces para protestar por la política de investigación de la Junta de Andalucía. Conozco bien la Asociación «Precarios» puesto que trabajé con ellos mientras estaba en el mundo académico. Pude comprobar de primera mano cómo germina un actor de la sociedad civil y qué trampas se les presenta para anular sus funciones.
Precarios es un grupo de ciudadanos investigadores, casi todos muy jóvenes y muy brillante, que aspiran a un sistema público Ciencia-Tecnología del siglo XXI. Alejados de la burocracia y los chanchulleos universitarios, suelen ser muy radicales en sus planteamientos referentes a la transparencia y el mérito en la gestión de los fondos públicos de investigación.
Tan radicales son, que cuando los principios chocan con algunos intereses propios, corporativistas, suelen sacrificar las dávidas y sobornos que les ofrecen. Un ejemplo: si les ofrecen estabilizar sus contratos a costa de aceptar que la selección de los que vienen detrás sea más discreccional y pesebrista (menos meritocrática), no aceptan el trato, ante la mirada atónita del funcionario o político de turno. Eso lo he visto yo con mis ojos: los acostumbrados al mercadeo de los principios y al soborno de los portavoces de los colectivos no saben qué hacer con la gente con principios. Normalmente los aparatos de los partidos políticos no saben qué hacer con ellos: como no tienen servidumbres ni buscan prebendas, no saben cómo manipularlos. Los gobernantes no saben callarlos de otra forma que no sea cumplir sus demandas y los opositores no consiguen usarlos como armas arrojadizas. Ser distinto tiene sus peajes.
Me consta que muchos de los miembros de asociaciones como estas tienen sus simpatías políticas, incluso apoyos explícitos a determinadas opciones, pero en pocas ocasiones he visto yo tan claramente cómo los grupos que se configuran alrededor de unos valores, de unas ideas fundamentales controlan y atemperan a los miembros que pretenden sacarlos de su papel o subvertir los objetivos comunes. Aunque ideológicamente haya divergencias, no suelen constituirse en relevantes en las discusiones.
No me he convertido en un iluso o ingenuo propagandístico. Entiendo que realidades como esta son muy raros, casi anecdóticas, pero no por ellos dejan de se modelos virtuosos a seguir, dinámicas y actitudes dignas de elogio y reconocimiento.
El pasado viernes 14 de diciembre la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) se convocó a una manifestación en Sevilla para protestar contra la política de investigación de la Junta de Andalucía. Estas son las razones que esgrimían:
RAZONES PARA MANIFESTARSE EL 14 DE DICIEMBRE EN SEVILLA
- Por la eliminación de los programas posdoctorales en Andalucía
Hace tres años desaparecieron los programas que existían en Andalucía para la contratación de doctores: el programa de perfeccionamiento (permitía la contratación de jóvenes doctores para trabajar en centros de investigación del extranjero) y el programa de retorno (permitía la reincorporación a centros andaluces de los doctores que estaban en el extranjero). La Junta ha incumplido su promesa de recuperar estos programas, engañado a los investigadores y dejándolos desamparados una vez que son doctores.
- Por promover la investigación en precario
La recién aprobada Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento podría haber permitido el diseño de una carrera investigadora coherente y bien estructurada. Así lo entendieron todos los partidos políticos del Parlamento Andaluz, que propusieron el diseño de dicha carrera investigadora, exceptuando al PSOE que lo rechazó con su mayoría absoluta. De este modo la junta deja el futuro de los investigadores en manos de los centros de investigación y las universidades que, en muchos casos, se niegan incluso a sacar plazas de ayudante, única figura contractual a la que los investigadores en fase inicial pueden adherirse.
- Por cobrar a los investigadores por trabajar
La Junta de Andalucía permite a las Universidades cobrar 50 euros anuales a los investigadores predoctorales a partir de la obtención del DEA. Esta «Tasa 50» es totalmente injustificable y vulnera los derechos de los investigadores.
- Por dejar sin derechos básicos a algunos investigadores
Los becarios predoctorales de la Junta en el CSIC siguen sin contar con la protección de la Seguridad Social, con lo que se está incumpliendo la ley: el Estatuto del Personal Investigador en Formación.
- Por la gestión desastrosa de la Consejería de Innovación y Ciencia
Por tercer año consecutivo, la Junta de Andalucía ha imputado a los investigadores becarios unas «ficticias» subvenciones ganaderas, lo que les ha supuesto muchos problemas ante Hacienda. Y este es solo un ejemplo más de una lamentable gestión, caracterizada por retrasos y trabas burocráticas.
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