De sociedad civil y otras lindezas: precarios, el ejemplo a seguir

Soy uno de los pesados que siempre saca el tema de la Sociedad Civil. Ayer se manifestaron unos investigadores andaluces para protestar por la política de investigación de la Junta de Andalucía. Conozco bien la Asociación “Precarios” puesto que trabajé con ellos mientras estaba en el mundo académico. Pude comprobar de primera mano cómo germina un actor de la sociedad civil y qué trampas se les presenta para anular sus funciones.

Precarios es un grupo de ciudadanos investigadores, casi todos muy jóvenes y muy brillante, que aspiran a un sistema público Ciencia-Tecnología del siglo XXI. Alejados de la burocracia y los chanchulleos universitarios, suelen ser muy radicales en sus planteamientos referentes a la transparencia y el mérito en la gestión de los fondos públicos de investigación.

Tan radicales son, que cuando los principios chocan con algunos intereses propios, corporativistas, suelen sacrificar las dávidas y sobornos que les ofrecen. Un ejemplo: si les ofrecen estabilizar sus contratos a costa de aceptar que la selección de los que vienen detrás sea más discreccional y pesebrista (menos meritocrática), no aceptan el trato, ante la mirada atónita del funcionario o político de turno. Eso lo he visto yo con mis ojos: los acostumbrados al mercadeo de los principios y al soborno de los portavoces de los colectivos no saben qué hacer con la gente con principios. Normalmente los aparatos de los partidos políticos no saben qué hacer con ellos: como no tienen servidumbres ni buscan prebendas, no saben cómo manipularlos. Los gobernantes no saben callarlos de otra forma que no sea cumplir sus demandas y los opositores no consiguen usarlos como armas arrojadizas. Ser distinto tiene sus peajes.

Me consta que muchos de los miembros de asociaciones como estas tienen sus simpatías políticas, incluso apoyos explícitos a determinadas opciones, pero en pocas ocasiones he visto yo tan claramente cómo los grupos que se configuran alrededor de unos valores, de unas ideas fundamentales controlan y atemperan a los miembros que pretenden sacarlos de su papel o subvertir los objetivos comunes. Aunque ideológicamente haya divergencias, no suelen constituirse en relevantes en las discusiones.

No me he convertido en un iluso o ingenuo propagandístico. Entiendo que realidades como esta son muy raros, casi anecdóticas, pero no por ellos dejan de se modelos virtuosos a seguir, dinámicas y actitudes dignas de elogio y reconocimiento.

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El pasado viernes 14 de diciembre la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) se convocó a una manifestación en Sevilla para protestar contra la política de investigación de la Junta de Andalucía. Estas son las razones que esgrimían:

RAZONES PARA MANIFESTARSE EL 14 DE DICIEMBRE EN SEVILLA

  • Por la eliminación de los programas posdoctorales en Andalucía

Hace tres años desaparecieron los programas que existían en Andalucía para la contratación de doctores: el programa de perfeccionamiento (permitía la contratación de jóvenes doctores para trabajar en centros de investigación del extranjero) y el programa de retorno (permitía la reincorporación a centros andaluces de los doctores que estaban en el extranjero). La Junta ha incumplido su promesa de recuperar estos programas, engañado a los investigadores y dejándolos desamparados una vez que son doctores.

  • Por promover la investigación en precario

La recién aprobada Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento podría haber permitido el diseño de una carrera investigadora coherente y bien estructurada. Así lo entendieron todos los partidos políticos del Parlamento Andaluz, que propusieron el diseño de dicha carrera investigadora, exceptuando al PSOE que lo rechazó con su mayoría absoluta. De este modo la junta deja el futuro de los investigadores en manos de los centros de investigación y las universidades que, en muchos casos, se niegan incluso a sacar plazas de ayudante, única figura contractual a la que los investigadores en fase inicial pueden adherirse.

  • Por cobrar a los investigadores por trabajar

La Junta de Andalucía permite a las Universidades cobrar 50 euros anuales a los investigadores predoctorales a partir de la obtención del DEA. Esta “Tasa 50” es totalmente injustificable y vulnera los derechos de los investigadores.

  • Por dejar sin derechos básicos a algunos investigadores

Los becarios predoctorales de la Junta en el CSIC siguen sin contar con la protección de la Seguridad Social, con lo que se está incumpliendo la ley: el Estatuto del Personal Investigador en Formación.

  • Por la gestión desastrosa de la Consejería de Innovación y Ciencia

Por tercer año consecutivo, la Junta de Andalucía ha imputado a los investigadores becarios unas “ficticias” subvenciones ganaderas, lo que les ha supuesto muchos problemas ante Hacienda. Y este es solo un ejemplo más de una lamentable gestión, caracterizada por retrasos y trabas burocráticas.

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La excelencia en la Universidad y las asimetrías en España. Por Luis F Rull

LA EXCELENCIA EN LA UNIVERSIDAD Y LAS ASIMETRÍAS EN ESPAÑA
Luis Rull Fernández. Catedrático de Física Teórica de la Universidad de Sevilla y ocho firmas más. ABC 12-Julio-2004 (Versión en PDF)

Parece innegable que los sueldos de los profesores de universidad no son muy altos. Así, por ejemplo, un catedrático tiene un sueldo base de 1.048,64 euros mensuales brutos, y quizás sea por esto por lo que, tradicionalmente, se ha venido complementando con cantidades asignadas frecuentemente a los más dispares conceptos. Entre los que ahora «dignifican» el emolumento de los universitarios se encuentran los complementos por méritos docentes (vulgo, quinquenios), los complementos por productividad investigadora (vulgo, sexenios), los complementos de dedicación (parcial o a tiempo completo) y los clásicos trienios de todos los funcionarios. De esta forma, añadiendo algunos euros al ridículo sueldo base, la nómina termina siendo una cantidad que a muchos nos permite vivir. Lo que no quita que, en comparación con nuestros colegas de la UE, los salarios sean notoriamente inferiores.

No pretendemos denunciar aquí que nuestro sueldo sea bajo, ni tampoco es esto una pataleta de matiz reivindicativo. Somos conscientes además de que el sistema retributivo de quienes son funcionarios públicos y de unos cuerpos estatales tiene una estructura común a la del que se aplica a los demás funcionarios, por lo que su alteración puede tener implicaciones de muy amplio alcance para todo el personal funcionario de las Administraciones públicas. Lo que pretendemos es poner de manifiesto la nefasta forma en la que se están llevando a cabo ciertas negociaciones’ sobre un nuevo complemento que viene a sumarse a los ya existentes, los complementos autonómicos, y la perversión de los mecanismos de motivación que suponen.

Dos de los cuatro complementos clásicos vienen determinados automáticamente por el tipo de contrato y por la antigüedad, mientras que los otros dos (los de docencia e investigación) dependen de la actividad desempeñada por los profesores. Se trata, en teoría, de un sistema de incentivos pensado para que los profesores ejerciten sus actividades docentes e investigadoras en la dirección que su empleador (la Administración) considera más productiva y conveniente para la sociedad. Ahora bien, una cosa es la teoría y otra su aplicación práctica. Por ejemplo, los complementos por méritos docentes los evalúan las propias universidades cada cinco años y, en la práctica, se nos conceden automáticamente a todos, de manera que cabe deducir que todos los profesores somos igual de excelentes. Aunque en alguna universidad se vienen ensayando prácticas discriminatorias basadas en peregrinas encuestas a los alumnos, cuyos resultados estimulan más los «gestos» de camaradería del profesor y la menor exigencia en los exámenes que la mejora efectiva de la docencia. No ocurre lo mismo con los complementos por méritos de investigación, cuya evaluación es externa a la propia universidad a la que se pertenece, ya que los profesores que deciden someter su actividad investigadora a evaluación presentan su curriculum a la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, y si ésta la considera positiva, cosa que no ocurre siempre, se consigue el consecuente incremento salarial.

Y en este punto entra el nuevo reparto. Como quiera que a pesar de tanto complemento, todos sumados y en el mejor de los escenarios posibles, no significan un incremento salarial sustancial (sobre todo por lo ridículo de la cuantía de la evaluación positiva de la Investigación, equivalente a poco más de 127 euros mensuales por cada período de seis años consolidado), la LOU, que tanto se ha criticado, autorizó a las Comunidades Autónomas a establecer complementos extras (vulgo, tramos autonómicos). Y aquí es donde comienza el espectáculo. Unas Comunidades lo hicieron muy pronto -incluso antes de que fuera legal, con lo que sus profesores llevan cobrándolo años. Otras aún no lo han hecho, y otras lo han hecho a medias, como es el caso de Andalucía. También hay diferencias de criterio. Así, mientras que algunas Comunidades conceden los tramos a partir de los sexenios evaluados positivamente, cargando el énfasis sobre la investigación y «fiándose del Estado» para evaluarla, en otras se ha rizado el rizo y se han incluido otras actividades como los citados quinquenios de docencia (que el 99,99% tiene concedidos en su totalidad), los sexenios no evaluados positivamente o las funciones y actividades de gestión realizadas en las universidades.

De forma que el desempeño de cargos de gestión (por ejemplo, Rector, Decano, Director Departamento, cargos elegidos y remunerados independientemente del salario con cuantías mensuales varias veces superiores a la de un sexenio de investigación) pasa a convertirse en «méritos» a considerar para los complementos autonómicos, cobrando dos veces en base al mismo concepto. La cosa es tan ilógica que podría darse el caso de que un Premio Nobel o Medalla Fields (que desgraciadamente en España no tenemos), que hubiera estado 18 años como profesor de una universidad andaluza, no obtuviera el máximo posible de estos tramos autonómicos, cosa que sí lograría un Rector con la misma antigüedad en el cargo aunque no hubiera publicado una sola línea relacionada con la investigación en todo ese período.

El resultado de esta política es que la investigación aparece, de nuevo, como una actividad especialmente promovida, premiada e incentivada en ciertas Comunidades Autónomas y especialmente ignorada o minusvalorada en otras. De modo que en estas últimas la diferencia en salario es mínima entre un profesor que se limita a impartir las mismas clases año tras año, y a descansar en su casa de tan notable esfuerzo, y otro que prepara concienzudamente su docencia, actualiza sus conocimientos, desarrolla proyectos de investigación con horarios extenuantes (la investigación y la docencia de calidad son muy exigentes) y publica varios artículos científicos cada año. Estos dos profesionales deben ser «idénticos», a juzgar tanto por su remuneración como por el reconocimiento social que su Comunidad Autonómica les otorga. ¿Es ésta una situación deseable?
Lo lamentable no es sólo que los sindicatos, tan preocupados ellos por la de calidad, firmen y avalen estas prácticas, que lo hacen, sino que además se convoquen huelgas en las universidades madrileñas (y parece que con el apoyo, o al menos la «comprensión», de algunos Rectores). ¿Quizás no han conseguido estos Rectores lo mismo que sus colegas andaluces, a los que se les permite consolidar los puntos necesarios para obtener los tramos sin otro esfuerzo que el de aguantar como Magníficos el tiempo suficiente? ¿O, por el contrario, hacen las protestas y la huelga para forzar que los tramos autonómicos en Madrid se concedan exclusivamente en función del mérito personal, premiando así la calidad frente a la mediocridad, y promocionando la meritocracia frente al igualitarismo demagógico? No parece que sea ésta la razón, porque eso es precisamente lo que persigue la Administración autonómica madrileña. ¿Qué buscan entonces…? ¿Igualaren la mediocridad la actividad docente e investigadora del profesorado universitario madrileño?
Como ciudadanos preocupados por la gestión de lo público, nos inquieta la escasa diligencia con la que ciertas Comunidades Autónomas están fomentando prácticas de excelencia en las universidades que tienen bajo su control, aunque no paren de hablar de Europa, de la calidad y de la excelencia, y dedicar ímprobos esfuerzos a toda la liturgia puesta en marcha en su nombre. La falta de actitud crítica de la sociedad ante las decisiones públicas y la actividad corporativista de algunos grupos pueden estar detrás de estas decisiones a todas luces mejorables. Sin embargo, la acción de grupos organizados alrededor de unos intereses particulares, como «lobbies» de presión, no debe erosionar los objetivos de excelencia y calidad exigibles y prioritarios en un servicio esencial, de interés general, tan costoso al bolsillo de los españoles como es la Universidad.

Creemos llegado el momento de que, en el necesario Pacto por la Ciencia que tantos estamos pidiendo, se establezcan los mecanismos necesarios para que la investigación sea valorada por la sociedad como bien intrínseco a la actividad del profesor universitario, y en consecuencia se traduzca en complementos retributivos dignos y merecidos, por encima de otras cuestiones menores, y tras evaluaciones justas, objetivas y transparentes, debidamente motivadas y verdaderamente colegiadas, que no primen el bulto si-no la verdadera excelencia. No es recomendable para el futuro de nuestro sistema universitario que un profesor que consigue ser director de departamento gracias al «esfuerzo» de convencer a la mitad más uno de sus compañeros para que le voten gane por ello más de 345 euros al mes, y un investigador sólo la tercera parte por cada seis años de esfuerzo y dedicación personal contrastada por la comunidad científica.
Al mismo tiempo, resulta preocupante comprobar cómo la desigual práctica en los distintos territorios, en lugar de una razonable equivalencia en todas las universidades públicas españolas, puede terminar estableciendo diferencias insalvables que nos pueden llevar a la nada deseable asimetría territorial que algunos tanto anhelan.