Un modelo fraudulento. Por Luis F. Rull

Fuente: Jesús León

(Artículo publicado por mi padre, Luis F. Rull, en la edición andaluza de El Mundo del 8 de febrero de 2012)

La Universidad de Sevilla (US) es una empresa pública con 7.102 trabajadores, de los cuales 4.628 son docentes e investigadores y 2.474 son personal de administración y servicios. Da servicio a casi 80.000 estudiantes. Su presupuesto es de 480 millones de euros. El 83 por ciento de sus ingresos proviene de las transferencias del Estado y el 14 por ciento de las tasas. El tres por ciento restante procede de distintos conceptos que van desde los intereses de capital, las concesiones (por ejemplo, las cafeterías) y una cantidad muy inferior al 1 por ciento, de las donaciones.

Es decir, prácticamente la totalidad del presupuesto lo aportan los ciudadanos; de forma directa, a través de las transferencias, o indirecta, vía tasas, fijadas por decreto por la Junta de Andalucía.

El presupuesto de la Universidad lo elabora el Gerente, quien a su vez es nombrado por el Rector. El Consejo de Gobierno de la US sólamente tiene encomendada la misión de “estudiar” e “informar” el presupuesto; o sea, no tiene capacidad de veto. Por último, el Consejo Social emite un dictamen y, en su caso, lo aprueba. Es decir, en la ruta que sigue el proyecto de presupuesto desde que se elabora hasta que es aprobado definitivamente, el único órgano por el que pasa, que no dependa directamente del Rector, es el Consejo Social que, sin embargo, pese a la encomienda que tiene por ley, en la práctica ha renunciado expresamente a la potestad de modificar o rechazar el documento si éste no responde a lo que la sociedad o la comunidad universitaria esperan del mismo. Prueben a encontrar en las actas del Consejo Social de los últimos años alguna referencia a cualquier tipo de acción con el objetivo de controlar o reconducir el gasto. ¿Para qué sirve, pues, el Consejo Social?. Ahora es un elemento decorativo, cuando no, un nuevo chiringuito donde instituciones y agentes sociales y económicos disponen de nuevos cargos públicos para repartir entre su siempre larga nómina de afines.

En el mejor de los casos, los Consejos Sociales vuelcan todos sus esfuerzos en establecer hilos de conexión entre la Universidad y el mundo empresarial. En el peor, ni eso. La prueba es que las universidades han ido creando fundaciones (universidad-empresa) con ese fin ante la falta de eficacia de las estructuras convencionales, lo cual duplica el gasto para la consecución de los mismos objetivos, como sucede en tantos otros ámbitos de la Administración.

La conclusión, por tanto, es que hoy por hoy el Rector de la Universidad tiene un control casi absoluto sobre el destino de los presupuestos universitarios pese a que son presupuestos transferidos. Dinero público, del bolsillo del contribuyente.

En este contexto, ¿cómo debería elegirse al Rector? La respuesta razonable es que, dado que la autoridad de éste es tanto académica como económica, debería ser elegido por un colegio electoral donde estuvieran representados, tanto la sociedad que financia el funcionamiento de la Universidad, como los colectivos que forman parte de la comunidad universitaria. Y si esa fórmula mixta no convence, la única alternativa sería la de separar el gobierno académico del económico.

Pero en la Universidad de Sevilla no rige en la actualidad ni lo primero ni lo segundo, sino que es el Claustro universitario el que tiene en exclusiva la potestad de elegir al Rector. Un Claustro que está formado por profesores, personal de administración y servicios, y estudiantes, elegidos a su vez en sus respectivas Centros (Facultades y Escuelas). A menor escala, también los Centros reproducen el mismo modelo y la misma falta de control y rigor en el reparto de los presupuestos, que en algunos casos viene dado en función de las necesidades, por ejemplo, de infraestructuras; y en el peor, en función de caprichos inconfesables que permiten a los Decanos y Directores mantener a su electorado satisfecho.

Un ejemplo de ese uso ‘caprichoso’ de los fondos públicos puede ser, sin ir más lejos, el reparto de los ‘Premios’ a la jubilación anticipada, que sin duda están sirviendo para ‘contentar’ a mucha gente dentro de la Universidad.

Con el dinero del contribuyente se están repartiendo, además, muchos privilegios entre los trabajadores de la Hispalense. Por citar otro ejemplo, baste comprobar como a cualquier ‘acreditado’ se le saca automáticamente, de manera ad hoc, su plaza, sin especificar el perfil del área de conocimiento y mediante la selección, por el propio candidato, de los miembros de la comisión evaluadora. Consecuencias: ¿cuántos profesores de la Hispalense han tomado posesión de una plaza sin pertenecer a la propia US? Me atrevo a decir, sin tener los números delante, que ninguno. Y, ¿cuántos profesores han entrado en un cargo académico (Vicerrectores, Decanos, etc.) como Profesores Titulares y han salido como Catedráticos?. Hay que aclarar que el trabajo de gestión se puntúa muy bien en las Comisiones para ser acreditado como Catedrático. Este modelo, es justo reconocerlo, es extensivo a la mayoría de las universidades españoles, por lo que no es sorprendente, por tanto, que estas estén estancadas en los rankings internacionales, pues el modelo de promoción no invita precisamente al trabajo ni a la superación.

Uno de los orígenes de la tragedia de las universidades españolas (en la US la tragedia llega a ser catastrófica) está íntimamente ligado al modelo de elección del Rector. No he sido el único en darse cuenta de este problema que mantiene a la universidad española sumida en un letargo de mediocridad. El cambio del modelo de elección del rector lleva años encima de la mesa de los ministros. Ninguno se ha atrevido a enfrentarse al lobby de la Confederación de rectores de universidades españolas (CRUE).

Merece la pena destacar también que los miembros del Claustro que van a elegir al Rector llevan ya dos años ejerciendo de claustrales. En esos dos años, el actual equipo rectoral ha ejecutado dos presupuestos que han servido para conseguir, por las razones antes mencionadas, una “satisfacción general” de la Comunidad Universitaria.

En consecuencia se puede afirmar que el modelo de gobierno de la Hispalense (y de las universidades en general) se sustenta en el reparto de privilegios entre profesores y personal no docente. Por tanto, no parece riguroso que se defienda el actual mecanismo de elección del Rector comparándolo con el sistema parlamentario. La labor del Rector se parece más a la del Gerente de un hospital público que a la del Presidente de Gobierno ya que gestiona presupuestos transferidos, por lo que debería rendir cuentas ante la administración, en este caso la Junta de Andalucía, que es la que suministra esos presupuestos.

Creo que el actual sistema electoral es un fraude a los ciudadanos que pagan de sus impuestos el mantenimiento de las universidades, y participar en él termina legitimando un modelo fraudulento.


Luis F. Rull.

Catedrático del Área de Física Teórica.

Universidad de Sevilla

Fotos: Jesús León y Universidad de Sevilla