I+D+I, Otra oportunidad perdida. Por Luis F. Rull

Me pide mi padre que publique su artículo del 28 de febrero pasado en la edición andaluza de El Mundo a propósito del día de Andalucía.

Al parecer, algunas versiones apócrifas están corriendo por las listas de correo de la Universidad de Sevilla y quiere zanjar el tema. Aquí os dejo también una versión en PDF: I+D+I, Otra oportunidad perdida. Por Luis F. Rull

I+D+I, Otra oportunidad perdida.

Crear conocimiento, aplicarlo en algo útil y poder generar riqueza con él son algunos de los objetivos que las Administraciones deben tomarse en serio si se preocupan por el bienestar futuro de sus ciudadanos. El sistema denominado Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+i) hace, grosso modo, eso. Dada la estructura estatal española, las administraciones autonómicas tienen un papel crucial en la consecución de esos objetivos.

Mi opinión es que la Junta de Andalucía no realiza bien esta “fundamental tarea” a pesar de haber oído las alarmas sobre su mala gestión y de haber tenido a su disposición los diagnósticos y las soluciones. ¿Razones? No se me ocurren otras que la desidia o la cobardía.

En Enero de 2004 altos cargos de la Junta recibieron un informe en el que se enumeraban algunas de las debilidades del sistema andaluz de I+D+i: la baja inversión en comparación con España y con otras comunidades autónomas, la escasez de recursos humanos, la ausencia de una masa crítica en áreas importantes, la concentración excesiva del gasto público, las diferencias importantes entre grupos y áreas de conocimiento para realizar investigación de calidad y la escasa capacidad de investigación e innovación en las empresas.

No todo era negativo en ese informe. Se destacaban algunas fortalezas que permitían vislumbrar un horizonte con esperanza si se tomaban algunas medidas. Había con lo que trabajar para arreglar la situación. Se evidenciaba que una parte de la comunidad científica era muy activa y competitiva en las exigentes convocatorias de financiación nacionales y europeas. Otro hecho relevante es que ese grupo de investigadores activos producía buena Ciencia, comparable con la de los mejores.

El informe sobre la realidad del sistema de I+D+i en Andalucía fue un encargo del Prof. Francisco Gracia, entonces Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía y fue coordinado por el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA).

Muchos investigadores, entre los que estaba quien esto escribe, trabajaron mucho y con mucha ilusión en lo que se creía una sincera intención del poder político de mejorar las cosas. En un ejemplo de lo que debería ser el protagonismo de la sociedad civil en la definición de políticas concretas, se convocaron a más de 120 expertos, agrupados en 13 comisiones por disciplinas científicas. El equipo coordinador del IESA, dirigido por el Prof. Pérez Yruela, elaboró el documento que fue presentado a la Consejería de Educación y Ciencia.

Nada más se supo de aquello. Después de más de cuatro años todo sigue igual. Aunque se ha progresado algo en términos absolutos, Andalucía sigue sin alcanzar la media de España y la distancia con las comunidades más ricas se acrecienta. La comparación con la mayoría de los miembros de la Unión Europea es tan dolorosa que la vergüenza impide reseñarla.

¿Las conclusiones de aquel Documento elaborado durante el otoño de 2003 fueron equivocadas? ¿Fueron las recomendaciones y sugerencias desacertadas? Nunca lo sabremos. Aquellas medidas recomendadas por la comunidad científica no se hicieron realidad. Desconocemos qué hubiera ocurrido si el Gobierno de Andalucía que presidía, y preside, el sr. Chaves hubiera decidido hacerlas suyas.

Nos vamos a quedar sin saber qué hubiera pasado si, por ejemplo, los procesos de evaluación se hubieran realizado de forma transparente, haciendo públicos los criterios y resultados de los mismos, tanto de evaluaciones personales como de grupos o de institutos de investigación. Recuerdo bien una medida concreta sobre la importancia de que una parte de los evaluadores seleccionados fueran ajenos al sistema andaluz de I+D+i. Se trataba, simplemente, de evitar conflictos de intereses y venta de favores.

Nunca sabremos cómo estaríamos si se hubiera avanzado en el establecimiento de líneas prioritarias de interés manifiesto para las empresas, con la creación de centros mixtos entre universidades y empresas capaces de asumir proyectos de investigación sin limitaciones y de formar científicos y tecnólogos para su integración en el sistema productivo.

Es imposible estimar cuál sería nuestra situación si se hubieran realizado evaluaciones externas del rendimiento científico de todos los centros de investigación en Andalucía y se hubiera abordado un proceso de reorganización de acuerdo con esas conclusiones, incluyendo, si fuera necesario, el cierre de algunos.

Ha sido otra oportunidad perdida: ¡Van tantas en Andalucía!

Da la impresión de que estamos ante un Gobierno con un grupo de gestores agotado, que es incapaz de hacer políticas con el vigor necesario. Cuando tienen buenas ideas, cuando son capaces de entender la importancia de la sociedad civil en el progreso, prefieren dejarse llevar por la inercia de lo hecho hasta ahora, como si pensaran que si no cambia nada, no van a tener problemas. Políticas conservadoras stricto sensu.

Después de tantos años y tanto dinero invertido procedente de fondos autonómicos, nacionales y FEDER, no se ha conseguido avanzar lo suficiente. Sólo nos queda la iniciativa, la ilusión y el sacrificio de grupos de investigación que no se resignan y que trabajan “a pesar del gobierno”. Y mi impresión es que el número de estos “resistentes” no hace más que descender.

En políticas científicas los investigadores vemos con demasiada frecuencia que en las universidades y centros de investigación sólo se consigue prosperar personalmente con dos estrategias: o dedicándose a la política, de tal forma que cuando vuelves te “premian” con un Instituto de Investigación ad hoc, o apuntándose a alguna “moda científica” en la que los profesionales de la política vean algún rédito electoral. Olvidan comprobar si el historial internacional de publicaciones es alto y concordante con la investigación propuesta, o la importancia estratégica que la comunidad científica ve en esas áreas de investigación. El poder político sabe mejor a quién dar recursos. Algunos ejemplos tales como el cambio climático o las células madre embrionarias son elocuentes. Son áreas en las que, independientemente del currículum investigador que se posea, se obtiene financiación especial. Se puede incluso lograr, con algo de suerte, un ministerio como premio.

Luis F. Rull

Catedrático de Física Teórica

Universidad de Sevilla

(A ver si logro convencerlo de que ponga su blog y no tenga que pedir prestado 😉 )

Actualización (09/03/2008 9:30) : Juan Freire ha escrito una entrada referida a este artículo llamada Políticas científicas e innovación: ¿por qué unas elecciones no cambiarán nada?