Minientrada

El catedrático de física troll

Una conversación casual en un canal de WhatsApp familiar entre una madre y su hermano, catedrático de Física:

– Mañana tiene la chica un exámen de Física en el colegio.
– ¿Sí? ¿De qué va?
– De la materia: La densidad, la masa, el volumen, la energía…
– Que diga que TODO es lo mismo

Son ganas de maltratar al profesor y buscarle un problema a la niña 😉

10411087666_b949efd9c4_kFoto de Julian Peter.

Un modelo fraudulento. Por Luis F. Rull

Fuente: Jesús León

(Artículo publicado por mi padre, Luis F. Rull, en la edición andaluza de El Mundo del 8 de febrero de 2012)

La Universidad de Sevilla (US) es una empresa pública con 7.102 trabajadores, de los cuales 4.628 son docentes e investigadores y 2.474 son personal de administración y servicios. Da servicio a casi 80.000 estudiantes. Su presupuesto es de 480 millones de euros. El 83 por ciento de sus ingresos proviene de las transferencias del Estado y el 14 por ciento de las tasas. El tres por ciento restante procede de distintos conceptos que van desde los intereses de capital, las concesiones (por ejemplo, las cafeterías) y una cantidad muy inferior al 1 por ciento, de las donaciones.

Es decir, prácticamente la totalidad del presupuesto lo aportan los ciudadanos; de forma directa, a través de las transferencias, o indirecta, vía tasas, fijadas por decreto por la Junta de Andalucía.

El presupuesto de la Universidad lo elabora el Gerente, quien a su vez es nombrado por el Rector. El Consejo de Gobierno de la US sólamente tiene encomendada la misión de “estudiar” e “informar” el presupuesto; o sea, no tiene capacidad de veto. Por último, el Consejo Social emite un dictamen y, en su caso, lo aprueba. Es decir, en la ruta que sigue el proyecto de presupuesto desde que se elabora hasta que es aprobado definitivamente, el único órgano por el que pasa, que no dependa directamente del Rector, es el Consejo Social que, sin embargo, pese a la encomienda que tiene por ley, en la práctica ha renunciado expresamente a la potestad de modificar o rechazar el documento si éste no responde a lo que la sociedad o la comunidad universitaria esperan del mismo. Prueben a encontrar en las actas del Consejo Social de los últimos años alguna referencia a cualquier tipo de acción con el objetivo de controlar o reconducir el gasto. ¿Para qué sirve, pues, el Consejo Social?. Ahora es un elemento decorativo, cuando no, un nuevo chiringuito donde instituciones y agentes sociales y económicos disponen de nuevos cargos públicos para repartir entre su siempre larga nómina de afines.

En el mejor de los casos, los Consejos Sociales vuelcan todos sus esfuerzos en establecer hilos de conexión entre la Universidad y el mundo empresarial. En el peor, ni eso. La prueba es que las universidades han ido creando fundaciones (universidad-empresa) con ese fin ante la falta de eficacia de las estructuras convencionales, lo cual duplica el gasto para la consecución de los mismos objetivos, como sucede en tantos otros ámbitos de la Administración.

La conclusión, por tanto, es que hoy por hoy el Rector de la Universidad tiene un control casi absoluto sobre el destino de los presupuestos universitarios pese a que son presupuestos transferidos. Dinero público, del bolsillo del contribuyente.

En este contexto, ¿cómo debería elegirse al Rector? La respuesta razonable es que, dado que la autoridad de éste es tanto académica como económica, debería ser elegido por un colegio electoral donde estuvieran representados, tanto la sociedad que financia el funcionamiento de la Universidad, como los colectivos que forman parte de la comunidad universitaria. Y si esa fórmula mixta no convence, la única alternativa sería la de separar el gobierno académico del económico.

Pero en la Universidad de Sevilla no rige en la actualidad ni lo primero ni lo segundo, sino que es el Claustro universitario el que tiene en exclusiva la potestad de elegir al Rector. Un Claustro que está formado por profesores, personal de administración y servicios, y estudiantes, elegidos a su vez en sus respectivas Centros (Facultades y Escuelas). A menor escala, también los Centros reproducen el mismo modelo y la misma falta de control y rigor en el reparto de los presupuestos, que en algunos casos viene dado en función de las necesidades, por ejemplo, de infraestructuras; y en el peor, en función de caprichos inconfesables que permiten a los Decanos y Directores mantener a su electorado satisfecho.

Un ejemplo de ese uso ‘caprichoso’ de los fondos públicos puede ser, sin ir más lejos, el reparto de los ‘Premios’ a la jubilación anticipada, que sin duda están sirviendo para ‘contentar’ a mucha gente dentro de la Universidad.

Con el dinero del contribuyente se están repartiendo, además, muchos privilegios entre los trabajadores de la Hispalense. Por citar otro ejemplo, baste comprobar como a cualquier ‘acreditado’ se le saca automáticamente, de manera ad hoc, su plaza, sin especificar el perfil del área de conocimiento y mediante la selección, por el propio candidato, de los miembros de la comisión evaluadora. Consecuencias: ¿cuántos profesores de la Hispalense han tomado posesión de una plaza sin pertenecer a la propia US? Me atrevo a decir, sin tener los números delante, que ninguno. Y, ¿cuántos profesores han entrado en un cargo académico (Vicerrectores, Decanos, etc.) como Profesores Titulares y han salido como Catedráticos?. Hay que aclarar que el trabajo de gestión se puntúa muy bien en las Comisiones para ser acreditado como Catedrático. Este modelo, es justo reconocerlo, es extensivo a la mayoría de las universidades españoles, por lo que no es sorprendente, por tanto, que estas estén estancadas en los rankings internacionales, pues el modelo de promoción no invita precisamente al trabajo ni a la superación.

Uno de los orígenes de la tragedia de las universidades españolas (en la US la tragedia llega a ser catastrófica) está íntimamente ligado al modelo de elección del Rector. No he sido el único en darse cuenta de este problema que mantiene a la universidad española sumida en un letargo de mediocridad. El cambio del modelo de elección del rector lleva años encima de la mesa de los ministros. Ninguno se ha atrevido a enfrentarse al lobby de la Confederación de rectores de universidades españolas (CRUE).

Merece la pena destacar también que los miembros del Claustro que van a elegir al Rector llevan ya dos años ejerciendo de claustrales. En esos dos años, el actual equipo rectoral ha ejecutado dos presupuestos que han servido para conseguir, por las razones antes mencionadas, una “satisfacción general” de la Comunidad Universitaria.

En consecuencia se puede afirmar que el modelo de gobierno de la Hispalense (y de las universidades en general) se sustenta en el reparto de privilegios entre profesores y personal no docente. Por tanto, no parece riguroso que se defienda el actual mecanismo de elección del Rector comparándolo con el sistema parlamentario. La labor del Rector se parece más a la del Gerente de un hospital público que a la del Presidente de Gobierno ya que gestiona presupuestos transferidos, por lo que debería rendir cuentas ante la administración, en este caso la Junta de Andalucía, que es la que suministra esos presupuestos.

Creo que el actual sistema electoral es un fraude a los ciudadanos que pagan de sus impuestos el mantenimiento de las universidades, y participar en él termina legitimando un modelo fraudulento.


Luis F. Rull.

Catedrático del Área de Física Teórica.

Universidad de Sevilla

Fotos: Jesús León y Universidad de Sevilla

Censura. Por Luis F. Rull

Luis y Alex Rull

Abuelo y nieto. Felices

(Nota publicada por mi padre, Luis F. Rull en su página de facebook)

Me ocurrió algo la semana pasada que quiero contar. Sobre todo por que sospecho que la culpa la tiene una máquina (o quién la programó).
Escribí (o intenté escribir) un comentario a un artículo que publicó en La Razón Javier González Ferrari y que se titulaba como la novela de Muñoz Molina: La noche de los tiempos. Mi comentario era más o menos así.

Me cuenta mi hijo que cada mañana cuando despierta a las siete de la mañana a mi nieto para llevarlo a la guardería, lo primero que hace es sonreir. Que después cuando llega a la guardería bien temprano busca la mejor de sus sonrisas para su cuidadora. #Babyrull (así es como lo llaman los amigos de mi hijo), con ocho meses es un niño alegre que nunca ha llorado en la guardería. Mi hijo se va tranquilo a trabajar todos los días con la seguridad del buen trato que le dan a mi nieto.

Me contaba mi padre (q.e.p.d.) que a su padre conserje de Correos y Telégrafos al comienzo de la guerra civil (incivil?) se lo llevarón preso por que algún imbécil lo había denunciado, quizás por rencor o simplemente por que era un hombre que le gustaba ir elegante y limpio siempre que podía, o vaya Vd. a saber por que otro estúpido motivo. Tuvo la fortuna mi abuelo que un primo suyo, oficial republicano y miembro de la CNT volviera de permiso desde el frente el fin de semana en que estaba esperando un trágico destino. Su primo fue a la cárcel, lo sacó y le dejó claro al responsable de turno que a su primo no le iba a pasar nada. Mi abuelo murió a finales de los setenta.

Entre mi abuelo y mi nieto hay más de 100 años. Mi padre sufrió por el suyo y mi hijo es feliz con el suyo. Hay muchos canallas que quieren que esos 100 años desaparezcan, pero mi hijo se va todos los días a luchar para que la empresa que ha creado tenga éxito y su hijo sonríe a su cuidadora en la guardería.

Éste es más o menos el texto que quise escribir y que las palabras “imbécil” “estúpido” o “canalla” al procesador de La Razón no le gustaron. Eso es lo que quiero creer.

(Nota de Luis Rull: Hay cosas que emocionan mucho, pero conocer de dónde viene uno le ayuda a crear su propio camino y saber que hay que darle las mejores oportunidades a tus descendientes)

La nueva deuda histórica, por Luis F. Rull

Foto de Bilboartz

(Este artículo de mi padre fue publicado ayer, 28 de febrero en la ediciones andaluzas de “El Mundo” con motivo del día de Andalucía)

La Nueva deuda histórica.

Por Luis F. Rull (In memoriam de Juan Muñoz Pérez, agricultor y socio fundador de Arbequisur)

Hace unos días conversaba con un colega de la universidad acerca del nivel tan bajo en el que estaban las universidades andaluzas en los rankings internacionales. Éste afirmaba que había una forma inmediata de conseguir que la Universidad de Sevilla (US) estuviera entre las mejores universidades del mundo, sólo había que conseguir que los mencionados rankings sólo consideraran para la evaluación a determinados Grupos de Investigación. Él había hecho la simulación escogiendo adecuadamente a 50 Grupos que englobaban a unos 300 profesores y, aplicando estrictamente los criterios utilizados, la US aparecía entre las mejores del mundo. Este ejercicio muestra la existencia de las denominadas “Islas de Excelencia” en el mar de la mediocridad universitaria. (Algo, por otra parte, muy común en el sistema universitario español).
Experimento similar puede hacerse analizando la situación en Andalucía, ya que al igual que la US, ocupa uno de los últimos lugares en la clasificación de las regiones europeas si atendemos a criterios que sirven para medir el progreso social: número de desempleados, informe sobre el nivel educativo, desarrollo industrial, etc. Pero ¿por qué no hacer lo mismo que hizo mi colega?. Sólo hay que elegir algunos pueblos, algunas comarcas, algunos colegios de enseñanza media, algunas actividades empresariales, en definitiva: no es difícil encontrar en la sociedad que nos rodea individuos o instituciones que, con su iniciativa, su esfuerzo, su formación y dedicación sacan adelante proyectos que elegidos como muestra única y que, prescindiendo del resto de los andaluces, podrían mostrar a Andalucía como una de las mejores regiones de Europa. No descarto, incluso, encontrar buenos trabajadores, productivos y eficientes, en la Función Pública.

Desgraciadamente, y después de más de treinta años de gobiernos autónomos en Andalucía, el progreso de la sociedad andaluza no ha permitido a esta globalmente equipararse a las regiones “ricas” europeas. Fueron sueños de progreso los que alimentaron las promesas que permitieron que, de forma sistemática, se sucedieran gobiernos del PSOE en Andalucía. Sueños alimentados también por generosas donaciones provenientes de países ricos de Europa. Y ocurrió como en la US que, algunos -los menos-, hicieron sus deberes y se equipararon con sus homólogos europeos. Así hay zonas sociales o geográficas andaluzas perfectamente definidas donde emprendedores se embarcaron en el riesgo con la confianza que les daba el esfuerzo, el conocimiento y su entusiasmo. Fueron capaces de crear riqueza y bienestar, disminuir de forma significativa el desempleo y demostrar que una de las claves del progreso estaba, y está, en la iniciativa personal.

Son instituciones, formas de trabajar, estructuras de incentivos, tradiciones paternalistas y “limosneras”, las que ahogan a tantos y tantos buenos trabajadores e innovadores de Andalucía. ¿Cuántos conocemos a jóvenes brillantes que entran en su primer trabajo con ganas de hacer grandes cosas y cuya savia nueva es machacada por compañeros perezosos o sistemas de trabajo ineficientes? Hay que repensar nuestra actitud ante nuestro papel en la economía y en el ágora pública: como consumidores y trabajadores, ciudadanos, contribuyentes, incluso como padres cuando inculcamos a nuestros hijos valores de sacrificio, esfuerzo y honestidad.

¿Podemos ver una luz al final del túnel? Si la suma de lo micro hace lo macro, todos podemos aportar nuestro granito de arena en el esfuerzo por el progreso. Podemos censurar los sistemas de incentivos en los que todos reciben lo mismo, independientemente de si su trabajo es mejor o peor. Podríamos quejarnos cada vez que vemos una casta económico-política privilegiada y protegida, aún siendo claramente ineficiente y perjudicial para el interés común. Incluso planificar nuestras finanzas personales a la luz de una crítica sobre si nos podemos permitir determinados gastos suntuarios o sobre si son realmente necesarios.

Volviendo al caso de mi colega, éste destacaba que, ante la mediocridad en los rankings , algunas Universidades estaban interpretando un papel patético en lo que denominada “liguilla local” que organizó recientemente el Ministerio de Educación, y que pomposamente llamó “Campus de Excelencia”. Muchos sospechamos que el único objetivo de estas convocatorias no es más que compensar el pésimo papel que ocupan todas las universidades españolas y darles una pátina de “honorabilidad” que no consiguen compitiendo en ligas “mayores”. En Andalucía se crean instituciones académicas para satisfacer las ambiciones personales (en la mayoría de los casos ambiciones de científicos de muy bajo nivel) con el único mérito de pertenecer, o estar muy cerca, del partido político que gobierna tras más de tres décadas. Incluso estos “chiringuitos”, alimentados con el dinero que proviene de nuestros impuestos, hacen competencia desleal a iniciativas que deberían hacer auténticos emprendedores capaces de crear riqueza y empleo. Y lo peor es que este mismo modelo se está aplicando el entramado que forman las Diputaciones, Empresas Públicas, Fundaciones, etc. lugares donde acaban políticos cesantes de cargos electos, incapaces de encontrar por sus propios méritos ningún puesto de trabajo.

A los andaluces se les está creando otra deuda histórica. Al final del régimen franquista los andaluces nos encontramos con que la distancia en bienestar social con el resto de las regiones ricas españolas y europeas era demasiado grande, y nos creímos que nos debían la ayuda necesaria para igualarnos a ellas. Han pasado más 30 años y seguimos igual. Pero ahora debemos saber que es con nuestro esfuerzo personal, y no con subvenciones, con lo que podremos integrarnos en el bienestar de una sociedad moderna. Deberíamos ya a empezar a exigir una nueva “Deuda Histórica”, exigir que se nos permita progresar. Para ello mimemos a los emprendedores, esos que conocemos en nuestro entorno, permitámosles crecer, elegir a los trabajadores que mejor hagan funcionar a sus empresas. Liberémoslos de impuestos y trabas burocráticas. Que nuestros impuestos sirvan para crear infraestructuras eficientes, y no para subvencionar inútiles iniciativas. En definitiva hagamos el esfuerzo de creer que somos nosotros los que tenemos que salir de la crisis que amenaza con ser endémica en demasiadas regiones de Andalucía.

Luis F. Rull

Catedrático de Física Teórica.  Universidad de Sevilla.

Foto de Bilboartz

I+D+I, Otra oportunidad perdida. Por Luis F. Rull

Me pide mi padre que publique su artículo del 28 de febrero pasado en la edición andaluza de El Mundo a propósito del día de Andalucía.

Al parecer, algunas versiones apócrifas están corriendo por las listas de correo de la Universidad de Sevilla y quiere zanjar el tema. Aquí os dejo también una versión en PDF: I+D+I, Otra oportunidad perdida. Por Luis F. Rull

I+D+I, Otra oportunidad perdida.

Crear conocimiento, aplicarlo en algo útil y poder generar riqueza con él son algunos de los objetivos que las Administraciones deben tomarse en serio si se preocupan por el bienestar futuro de sus ciudadanos. El sistema denominado Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+i) hace, grosso modo, eso. Dada la estructura estatal española, las administraciones autonómicas tienen un papel crucial en la consecución de esos objetivos.

Mi opinión es que la Junta de Andalucía no realiza bien esta “fundamental tarea” a pesar de haber oído las alarmas sobre su mala gestión y de haber tenido a su disposición los diagnósticos y las soluciones. ¿Razones? No se me ocurren otras que la desidia o la cobardía.

En Enero de 2004 altos cargos de la Junta recibieron un informe en el que se enumeraban algunas de las debilidades del sistema andaluz de I+D+i: la baja inversión en comparación con España y con otras comunidades autónomas, la escasez de recursos humanos, la ausencia de una masa crítica en áreas importantes, la concentración excesiva del gasto público, las diferencias importantes entre grupos y áreas de conocimiento para realizar investigación de calidad y la escasa capacidad de investigación e innovación en las empresas.

No todo era negativo en ese informe. Se destacaban algunas fortalezas que permitían vislumbrar un horizonte con esperanza si se tomaban algunas medidas. Había con lo que trabajar para arreglar la situación. Se evidenciaba que una parte de la comunidad científica era muy activa y competitiva en las exigentes convocatorias de financiación nacionales y europeas. Otro hecho relevante es que ese grupo de investigadores activos producía buena Ciencia, comparable con la de los mejores.

El informe sobre la realidad del sistema de I+D+i en Andalucía fue un encargo del Prof. Francisco Gracia, entonces Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía y fue coordinado por el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA).

Muchos investigadores, entre los que estaba quien esto escribe, trabajaron mucho y con mucha ilusión en lo que se creía una sincera intención del poder político de mejorar las cosas. En un ejemplo de lo que debería ser el protagonismo de la sociedad civil en la definición de políticas concretas, se convocaron a más de 120 expertos, agrupados en 13 comisiones por disciplinas científicas. El equipo coordinador del IESA, dirigido por el Prof. Pérez Yruela, elaboró el documento que fue presentado a la Consejería de Educación y Ciencia.

Nada más se supo de aquello. Después de más de cuatro años todo sigue igual. Aunque se ha progresado algo en términos absolutos, Andalucía sigue sin alcanzar la media de España y la distancia con las comunidades más ricas se acrecienta. La comparación con la mayoría de los miembros de la Unión Europea es tan dolorosa que la vergüenza impide reseñarla.

¿Las conclusiones de aquel Documento elaborado durante el otoño de 2003 fueron equivocadas? ¿Fueron las recomendaciones y sugerencias desacertadas? Nunca lo sabremos. Aquellas medidas recomendadas por la comunidad científica no se hicieron realidad. Desconocemos qué hubiera ocurrido si el Gobierno de Andalucía que presidía, y preside, el sr. Chaves hubiera decidido hacerlas suyas.

Nos vamos a quedar sin saber qué hubiera pasado si, por ejemplo, los procesos de evaluación se hubieran realizado de forma transparente, haciendo públicos los criterios y resultados de los mismos, tanto de evaluaciones personales como de grupos o de institutos de investigación. Recuerdo bien una medida concreta sobre la importancia de que una parte de los evaluadores seleccionados fueran ajenos al sistema andaluz de I+D+i. Se trataba, simplemente, de evitar conflictos de intereses y venta de favores.

Nunca sabremos cómo estaríamos si se hubiera avanzado en el establecimiento de líneas prioritarias de interés manifiesto para las empresas, con la creación de centros mixtos entre universidades y empresas capaces de asumir proyectos de investigación sin limitaciones y de formar científicos y tecnólogos para su integración en el sistema productivo.

Es imposible estimar cuál sería nuestra situación si se hubieran realizado evaluaciones externas del rendimiento científico de todos los centros de investigación en Andalucía y se hubiera abordado un proceso de reorganización de acuerdo con esas conclusiones, incluyendo, si fuera necesario, el cierre de algunos.

Ha sido otra oportunidad perdida: ¡Van tantas en Andalucía!

Da la impresión de que estamos ante un Gobierno con un grupo de gestores agotado, que es incapaz de hacer políticas con el vigor necesario. Cuando tienen buenas ideas, cuando son capaces de entender la importancia de la sociedad civil en el progreso, prefieren dejarse llevar por la inercia de lo hecho hasta ahora, como si pensaran que si no cambia nada, no van a tener problemas. Políticas conservadoras stricto sensu.

Después de tantos años y tanto dinero invertido procedente de fondos autonómicos, nacionales y FEDER, no se ha conseguido avanzar lo suficiente. Sólo nos queda la iniciativa, la ilusión y el sacrificio de grupos de investigación que no se resignan y que trabajan “a pesar del gobierno”. Y mi impresión es que el número de estos “resistentes” no hace más que descender.

En políticas científicas los investigadores vemos con demasiada frecuencia que en las universidades y centros de investigación sólo se consigue prosperar personalmente con dos estrategias: o dedicándose a la política, de tal forma que cuando vuelves te “premian” con un Instituto de Investigación ad hoc, o apuntándose a alguna “moda científica” en la que los profesionales de la política vean algún rédito electoral. Olvidan comprobar si el historial internacional de publicaciones es alto y concordante con la investigación propuesta, o la importancia estratégica que la comunidad científica ve en esas áreas de investigación. El poder político sabe mejor a quién dar recursos. Algunos ejemplos tales como el cambio climático o las células madre embrionarias son elocuentes. Son áreas en las que, independientemente del currículum investigador que se posea, se obtiene financiación especial. Se puede incluso lograr, con algo de suerte, un ministerio como premio.

Luis F. Rull

Catedrático de Física Teórica

Universidad de Sevilla

(A ver si logro convencerlo de que ponga su blog y no tenga que pedir prestado 😉 )

Actualización (09/03/2008 9:30) : Juan Freire ha escrito una entrada referida a este artículo llamada Políticas científicas e innovación: ¿por qué unas elecciones no cambiarán nada?

La otra Deuda Histórica (carta a Luis Carlos Rejón) por Luis F. Rull

Ciencia. Foto de Fernando ArconadaMe pide mi padre que publique su carta abierta de “El Mundo Andalucía” aquí porque, al parecer, el pasado sábado se publicó una versión preliminar y no la definitiva. Seguro que agradece cualquier comentario que queráis hacerle.

La otra Deuda Histórica (carta a Luis Carlos Rejón) por Luis F. Rull

Querido Luis Carlos:

Como imagino que el Presidente de la Junta de Andalucía no te va a contestar a las tres cuestiones que has planteado en estas páginas sobre regeneración democrática y, mucho menos, a tu ofrecimiento para cuantificar la Deuda Histórica, permíteme que te presente algunas cifras que quizás sirvan para aclarar algunos de los conceptos que brillantemente presentaste en estas páginas el pasado viernes 19 de julio.

Si tomamos como un indicador de bienestar social la medida del progreso del conocimiento, un parámetro muy útil es el gasto por habitante en Programas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). La media de la Unión Europea en el año 2004 era de 453,00 euros, mientras que en España alcanzaba unos tímidos 172,30 euros. El esfuerzo inversor en España, aunque insuficiente para alcanzar los niveles medios de la Europa que prospera, ha sido muy importante, ya que en 1980 sólo era de 37,10 euros. Estas cifras no tienen mucho sentido sino es bajo la luz de las desigualdades dentro de España. Tomando datos del Instituto Nacional de Estadística, en Andalucía en el año 2006 este indicador era de 131,78 euros, en la Comunidad de Madrid, 484,87 y en Cataluña 322,70. Estas cifras sí retratan de forma clara la “maldita asimetría” a la que nos está conduciendo la estructura pseudo-federal de España.

No creo que, como dices, tengamos que desarrollar más elementos “federalizantes”; lo que tenemos es que engancharnos en el Progreso del Conocimiento, utilizando los mecanismos que con éxito han funcionado, y funcionan, en otros países occidentales. Lo que falla no es la asignación territorial de los recursos, sino el uso que se hace los mismos. Hay que prescindir de estos gobernantes que durante todos estos últimos años no se han dedicado a potenciar en la sociedad andaluza el esfuerzo y la iniciativa de los ciudadanos. Tampoco han dado muestras de creer en la formación y la educación como instrumento de progreso, la libertad como base de la convivencia, ni en el mérito como mejor instrumento de selección. Un ejemplo de ello es la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación que recientemente ha evaluado de forma positiva a personajes cuya aportación a la Ciencia es, a todas luces, nula o irrelevante.

En mi opinión, cuantificar la Deuda Histórica es bastante más simple de lo que mencionas en tu artículo. A la luz de lo expuesto anteriormente, se nos debe Conocimiento, por supuesto, pero nos lo debe la historia. Visto el tiempo perdido, nos lo debe nuestro pasado, en el que espero que muy pronto estén todos éstos que en los últimos años frenan el verdadero progreso en Andalucía. ¿De verdad crees que los ciudadanos catalanes y madrileños tienen una deuda con nosotros? Ellos prosperan más o menos adecuadamente, mientras que nosotros, los andaluces, no lo hacemos. ¿Por qué?

Si observas los Institutos de Investigación que se han creado en Andalucía en estos años de gobierno de los autodenominados socialistas, comprobarás que casi todos están ligados a personas con protagonismo político o mediático. Parece que los méritos para obtener inversión pública de alto nivel son independientes de la calidad investigadora. No ha habido ningún tipo de planificación, ni de definición de objetivos generales estratégicos. Ni que decir tiene que tampoco han existido procedimientos meritocráticos públicos y transparentes de selección de proyectos. La creación de los mismos ha sido totalmente discrecional, no basada ni en concursos ni planes.

Para ilustrarte mejor, te pongo otro ejemplo: en el año 2003 se elaboró un Informe sobre la realidad andaluza de la I+D+i. En su elaboración participamos muchas personas del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, y sus análisis, conclusiones y críticas lo condujeron directamente a un cajón de la Consejería que lo solicitó y financió, cajón del que nunca ha salido.

Permíteme terminar con la misma cita que utilizó el profesor Alfonso Lazo en un artículo publicado el mismo día en que fue publicado el tuyo. El autor de la cita es Aquilino Duque, y dice así: “Muchos intelectuales se complacen en el silencio, pero vale la pena tener en cuenta a quienes aspiren a ir erguidos por la vida y que son los únicos merecedores de lo que llaman libertad”.

Luis Carlos desde la discrepancia que muestro en estas líneas, te digo, amigo, que tú mereces ir erguido.

Un cordial saludo.

Luis F. Rull

(Para poneros en contexto, Luis Carlos Rejón fue coordinador general de la coalición Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, formación a la que mi padre asesoró mucho tiempo en materias relacionadas con la ciencia y la tecnología. )

Como todavía no le he convencido de me deje ponerle un blog ;), es es el único sitio donde mi padre puede publicar esta rectificación. Lamento el off-topic.

Foto de Fernando Arconada.

El demonio de las pequeñas cosas. Por Luis F. Rull

EL DEMONIO DE LAS PEQUEÑAS COSAS. (Publicado en El Mundo Andalucía en 17 de Mayo de 2005. pp. 4 y 5)

Por Luis F. Rull. Catedrático de Física Teórica de la Universidad de Sevilla.

A menudo me da por pensar en la injusticia histórica que se comete con Andalucía cuando veo la inhibición de todos aquellos que movilizaron a media España cuando el accidente del Prestige. Los movilizados fueron fundamentalmente jóvenes, ya fuera para protestar (los más) ya fuera para trabajar en tareas de limpieza y recuperación de ecosistemas (los menos). Los que fomentaron con su conocimiento experto esa “riada de solidaridad” apenas no movieron el pasado verano ni un solo gramo de inspiración y trabajo con la tragedia de los incendios forestales de Huelva y Sevilla, a pesar de que el impacto fue comparable (cuando no superior) al de Galicia. Por lo menos así lo aseguran personas serias y responsables que conozco, personas en las que confío para estos temas. El chaparrón de opiniones sobre el impacto ecológico y económico del suceso se quedó en sequía.

En ocasiones me da por pensar en la irresponsabilidad de los padres que aceptan una educación extraordinariamente deficiente para sus hijos. España está colocada en el lugar 21 del Informe PISA (www.pisa.oecd.org), que evalúa la formación de los jóvenes de varios países desarrollados. Una de las conclusiones es que nuestros estudiantes están en varias materias básicas por detrás de países cuya mera localización en un mapa le costaría hasta al más avezado de ellos.

Por último, debo confesar que a diario me solía cuestionar los motivos del bloqueo sistemático de los accesos para bomberos y otros servicios de emergencia por parte de vehículos privados. No es necesario apuntar que estos lugares, designados para que los bomberos nos ayuden a extinguir incendios, se encuentran convenientemente señalizados.

Las respuestas que se me ocurren para estos tres interrogantes de acciones individuales están más o menos relacionadas:

Para el análisis de la tragedia ecológica y, en consecuencia económica, del norte de Andalucía Occidental sólo puedo apelar a mi propia experiencia: Soy profesor de Física Teórica en la Universidad de Sevilla y para la investigación que dirijo necesito de las subvenciones del Estado, y éstas pueden ser reducidas, e incluso eliminadas, por el capricho del político de turno. ¿Es posible que este detalle, común a la mayoría de la comunidad científica haya afectado a otros compañeros con mayor prestigio o capacidad de influencia? ¿Será éste el motivo por el que la rebelión del Prestige no se reprodujo en Andalucía ?

La educación de los hijos me obliga a buscar otra posible explicación. Si hay inacción por parte padres negligentes en la educación de sus hijos, puedo entender que así se sienten felices, que se evitan broncas, que les basta con que sus hijos aprueben los cursos y promocionen. Entiendo que no les importa demasiado si han aprendido algo o no, como tampoco les interesa demasiado si respetan o atienden a sus esforzados docentes, trabajadores que luchan para ayudarlos a convertirlos en ciudadanos libres y educados.

En el último caso la explicación me viene, paradójicamente el día en el que no se cumple la regla: cuando el espacio reservado como acceso de emergencia está desocupado. Si en tales ocasiones continúo por la calle buscando otro estacionamiento y acabo en la misma calle, invariablemente encuentro el sitio ocupado por otro vehículo. El civismo no es la explicación a la anomalía. La respuesta al hecho extraño es la falta de oportunidad de algún convecino nuestro. La comodidad de un individuo prima sobre la seguridad de muchos otros.

Estoy seguro que el paciente lector de estas reflexiones es capaz de encontrar más y mejores ejemplos similares a estos tres en su vida cotidiana.

Tengo la sensación de que para no perder una subvención o privilegio, hacernos la vida más sencilla, o sencillamente facilitarnos algunas tareas como la de aparcar, estamos dispuestos a seguir callados y tranquilos cuando se cometen acciones que perjudican a la colectividad. No nos damos cuenta de que está actuando el “demonio de las pequeñas cosas”, el demonio que nos tienta con las ilegalidades, las faltas a la honestidad o las traiciones a nuestros principios. No conozco bien los mecanismos psicológicos, pero sospecho que, al considerarlas “incorrecciones menores” nuestra conciencia las asume sin demasiada dificultad. Tampoco estoy versado en las elegantes explicaciones socioeconómicas de “la acción colectiva”, pero conozco sus efectos en el bienestar común.

La explicación individual, la falta de civismo de los individuos, es un gran lugar común en este tipo de discusiones. Arrinconando “el mal” a una esfera única, a un factor fácilmente identificable, exoneramos a los dirigentes públicos de toda responsabilidad. Somos malos ciudadanos y no hay forma de corregirnos. Si reproducimos este fatalismo, ¿qué alternativas o soluciones podemos demandar de los políticos? O mejor dicho ¿qué margen les damos? Si dispensamos a los poderes públicos de su responsabilidad de resolver algunos problemas, qué podemos esperar, ¿qué se resuelvan solos?

Nos está pasando algo similar a lo que escribió Kavafis cuando decía que silenciosamente le habian construido una muralla y que le taparon el mundo, la triste es que en este caso el director de la obra es TONTO.

La excelencia en la Universidad y las asimetrías en España. Por Luis F Rull

LA EXCELENCIA EN LA UNIVERSIDAD Y LAS ASIMETRÍAS EN ESPAÑA
Luis Rull Fernández. Catedrático de Física Teórica de la Universidad de Sevilla y ocho firmas más. ABC 12-Julio-2004 (Versión en PDF)

Parece innegable que los sueldos de los profesores de universidad no son muy altos. Así, por ejemplo, un catedrático tiene un sueldo base de 1.048,64 euros mensuales brutos, y quizás sea por esto por lo que, tradicionalmente, se ha venido complementando con cantidades asignadas frecuentemente a los más dispares conceptos. Entre los que ahora «dignifican» el emolumento de los universitarios se encuentran los complementos por méritos docentes (vulgo, quinquenios), los complementos por productividad investigadora (vulgo, sexenios), los complementos de dedicación (parcial o a tiempo completo) y los clásicos trienios de todos los funcionarios. De esta forma, añadiendo algunos euros al ridículo sueldo base, la nómina termina siendo una cantidad que a muchos nos permite vivir. Lo que no quita que, en comparación con nuestros colegas de la UE, los salarios sean notoriamente inferiores.

No pretendemos denunciar aquí que nuestro sueldo sea bajo, ni tampoco es esto una pataleta de matiz reivindicativo. Somos conscientes además de que el sistema retributivo de quienes son funcionarios públicos y de unos cuerpos estatales tiene una estructura común a la del que se aplica a los demás funcionarios, por lo que su alteración puede tener implicaciones de muy amplio alcance para todo el personal funcionario de las Administraciones públicas. Lo que pretendemos es poner de manifiesto la nefasta forma en la que se están llevando a cabo ciertas negociaciones’ sobre un nuevo complemento que viene a sumarse a los ya existentes, los complementos autonómicos, y la perversión de los mecanismos de motivación que suponen.

Dos de los cuatro complementos clásicos vienen determinados automáticamente por el tipo de contrato y por la antigüedad, mientras que los otros dos (los de docencia e investigación) dependen de la actividad desempeñada por los profesores. Se trata, en teoría, de un sistema de incentivos pensado para que los profesores ejerciten sus actividades docentes e investigadoras en la dirección que su empleador (la Administración) considera más productiva y conveniente para la sociedad. Ahora bien, una cosa es la teoría y otra su aplicación práctica. Por ejemplo, los complementos por méritos docentes los evalúan las propias universidades cada cinco años y, en la práctica, se nos conceden automáticamente a todos, de manera que cabe deducir que todos los profesores somos igual de excelentes. Aunque en alguna universidad se vienen ensayando prácticas discriminatorias basadas en peregrinas encuestas a los alumnos, cuyos resultados estimulan más los «gestos» de camaradería del profesor y la menor exigencia en los exámenes que la mejora efectiva de la docencia. No ocurre lo mismo con los complementos por méritos de investigación, cuya evaluación es externa a la propia universidad a la que se pertenece, ya que los profesores que deciden someter su actividad investigadora a evaluación presentan su curriculum a la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, y si ésta la considera positiva, cosa que no ocurre siempre, se consigue el consecuente incremento salarial.

Y en este punto entra el nuevo reparto. Como quiera que a pesar de tanto complemento, todos sumados y en el mejor de los escenarios posibles, no significan un incremento salarial sustancial (sobre todo por lo ridículo de la cuantía de la evaluación positiva de la Investigación, equivalente a poco más de 127 euros mensuales por cada período de seis años consolidado), la LOU, que tanto se ha criticado, autorizó a las Comunidades Autónomas a establecer complementos extras (vulgo, tramos autonómicos). Y aquí es donde comienza el espectáculo. Unas Comunidades lo hicieron muy pronto -incluso antes de que fuera legal, con lo que sus profesores llevan cobrándolo años. Otras aún no lo han hecho, y otras lo han hecho a medias, como es el caso de Andalucía. También hay diferencias de criterio. Así, mientras que algunas Comunidades conceden los tramos a partir de los sexenios evaluados positivamente, cargando el énfasis sobre la investigación y «fiándose del Estado» para evaluarla, en otras se ha rizado el rizo y se han incluido otras actividades como los citados quinquenios de docencia (que el 99,99% tiene concedidos en su totalidad), los sexenios no evaluados positivamente o las funciones y actividades de gestión realizadas en las universidades.

De forma que el desempeño de cargos de gestión (por ejemplo, Rector, Decano, Director Departamento, cargos elegidos y remunerados independientemente del salario con cuantías mensuales varias veces superiores a la de un sexenio de investigación) pasa a convertirse en «méritos» a considerar para los complementos autonómicos, cobrando dos veces en base al mismo concepto. La cosa es tan ilógica que podría darse el caso de que un Premio Nobel o Medalla Fields (que desgraciadamente en España no tenemos), que hubiera estado 18 años como profesor de una universidad andaluza, no obtuviera el máximo posible de estos tramos autonómicos, cosa que sí lograría un Rector con la misma antigüedad en el cargo aunque no hubiera publicado una sola línea relacionada con la investigación en todo ese período.

El resultado de esta política es que la investigación aparece, de nuevo, como una actividad especialmente promovida, premiada e incentivada en ciertas Comunidades Autónomas y especialmente ignorada o minusvalorada en otras. De modo que en estas últimas la diferencia en salario es mínima entre un profesor que se limita a impartir las mismas clases año tras año, y a descansar en su casa de tan notable esfuerzo, y otro que prepara concienzudamente su docencia, actualiza sus conocimientos, desarrolla proyectos de investigación con horarios extenuantes (la investigación y la docencia de calidad son muy exigentes) y publica varios artículos científicos cada año. Estos dos profesionales deben ser «idénticos», a juzgar tanto por su remuneración como por el reconocimiento social que su Comunidad Autonómica les otorga. ¿Es ésta una situación deseable?
Lo lamentable no es sólo que los sindicatos, tan preocupados ellos por la de calidad, firmen y avalen estas prácticas, que lo hacen, sino que además se convoquen huelgas en las universidades madrileñas (y parece que con el apoyo, o al menos la «comprensión», de algunos Rectores). ¿Quizás no han conseguido estos Rectores lo mismo que sus colegas andaluces, a los que se les permite consolidar los puntos necesarios para obtener los tramos sin otro esfuerzo que el de aguantar como Magníficos el tiempo suficiente? ¿O, por el contrario, hacen las protestas y la huelga para forzar que los tramos autonómicos en Madrid se concedan exclusivamente en función del mérito personal, premiando así la calidad frente a la mediocridad, y promocionando la meritocracia frente al igualitarismo demagógico? No parece que sea ésta la razón, porque eso es precisamente lo que persigue la Administración autonómica madrileña. ¿Qué buscan entonces…? ¿Igualaren la mediocridad la actividad docente e investigadora del profesorado universitario madrileño?
Como ciudadanos preocupados por la gestión de lo público, nos inquieta la escasa diligencia con la que ciertas Comunidades Autónomas están fomentando prácticas de excelencia en las universidades que tienen bajo su control, aunque no paren de hablar de Europa, de la calidad y de la excelencia, y dedicar ímprobos esfuerzos a toda la liturgia puesta en marcha en su nombre. La falta de actitud crítica de la sociedad ante las decisiones públicas y la actividad corporativista de algunos grupos pueden estar detrás de estas decisiones a todas luces mejorables. Sin embargo, la acción de grupos organizados alrededor de unos intereses particulares, como «lobbies» de presión, no debe erosionar los objetivos de excelencia y calidad exigibles y prioritarios en un servicio esencial, de interés general, tan costoso al bolsillo de los españoles como es la Universidad.

Creemos llegado el momento de que, en el necesario Pacto por la Ciencia que tantos estamos pidiendo, se establezcan los mecanismos necesarios para que la investigación sea valorada por la sociedad como bien intrínseco a la actividad del profesor universitario, y en consecuencia se traduzca en complementos retributivos dignos y merecidos, por encima de otras cuestiones menores, y tras evaluaciones justas, objetivas y transparentes, debidamente motivadas y verdaderamente colegiadas, que no primen el bulto si-no la verdadera excelencia. No es recomendable para el futuro de nuestro sistema universitario que un profesor que consigue ser director de departamento gracias al «esfuerzo» de convencer a la mitad más uno de sus compañeros para que le voten gane por ello más de 345 euros al mes, y un investigador sólo la tercera parte por cada seis años de esfuerzo y dedicación personal contrastada por la comunidad científica.
Al mismo tiempo, resulta preocupante comprobar cómo la desigual práctica en los distintos territorios, en lugar de una razonable equivalencia en todas las universidades públicas españolas, puede terminar estableciendo diferencias insalvables que nos pueden llevar a la nada deseable asimetría territorial que algunos tanto anhelan.